CRISIS CHILENA
Las
turbulencias políticas ensombrecen el futuro de la economía chilena
El banco central acomete una histórica intervención
para amortiguar el descalabro del peso y Hacienda no descarta una recesión a
corto plazo
Pérdidas por destrozos aún por cuantificar; parón
en la actividad comercial y en el empleo; pequeñas y medianas empresas en
problemas. E incertidumbre, mucha incertidumbre. Chile, por décadas el alumno
aventajado de la economía latinoamericana, se ha convertido en menos de un mes
y medio en uno de los grandes quebraderos de cabeza a la hora de dibujar el
horizonte económico de una región que no pasa por su mejor momento. Las
protestas, iniciadas a mediados de octubre, y el pistoletazo de salida una
todavía vacilante negociación política para tratar de restablecer el orden
público y consensuar medidas que pongan freno a la desigualdad —el 1% más
acaudalado acapara más del 26% de la riqueza—, añaden un grado adicional de
zozobra sobre las constantes vitales de la economía chilena.
En un mes y medio, desde que comenzaron las
protestas en las calles, el país sudamericano ha pasado de debatir si el
crecimiento anual estará en el entorno o por encima del 2,5%, dando por hecho
crecimientos trimestrales en positivo, a hacerlo sobre si el país entrará o no
en recesión en 2020. Seis semanas son pocas para tener datos concluyentes
—aunque empiezan a caer, con cuentagotas—, pero todas las señales apuntan a una
clara ralentización de la actividad a lo largo y ancho del país. “La
expectativa de que la incertidumbre política se mantenga alta durante un tiempo
más crea vientos de cara adicionales para la economía”, refrendaba el equipo de
análisis de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión con mayor
predicamento en Wall Street. Su conclusión es clara: el barco de la economía
chilena navega ya en aguas sin cartografiar.
Los avisos resultan atronadores en una de las
economías más estables de la región y que se había ganado la preferencia de los
inversores en sus carteras emergentes. El diagnóstico coincide con el de
JPMorgan, otro de los grandes de la inversión, que presagia “un prolongado
período de baja actividad económica empresarial” en el que se cruzarán las
elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021. “Tenemos un evidente cambio
de escenario”, dispara Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, una
entidad comercial, que apunta a un horizonte aún más sombrío que muchos otros
analistas privados. “Lo que nos anticipan los problemas de transporte, la caída
del comercio y turismo es que Chile probablemente va a tener una recesión en el
corto plazo. Y cuando hablo de recesión, hablo de una caída por dos trimestres
consecutivos de la actividad: no se trata solo de una caída en la oferta, por
menor demanda, sino de oferta, por menor capacidad productiva”. El horizonte
recesivo no ha sido descartado por el Gobierno: las dudas al respecto, de
hecho, se mantienen más vivas que nunca desde la Gran Crisis.
El impacto productivo de la explosión social es
doble, explica Óscar Landerretche, académico de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile. El primero, inmediato: destrucción de
infraestructura empresarial, en algunos casos en sectores generadores de mucho
empleo, como los supermercados; disrupción logística severa; limitaciones a la
cantidad de horas de trabajo diarias —“desde hace 40 días”, ilustra, “se está
trabajando a media máquina”—; y caídas en el ingreso de quienes trabajan por
comisiones de venta. El segundo, el de medio y largo plazo, es el que más
preocupa por su capacidad de atenazar el crecimiento y está dominado una palabra:
incertidumbre. “Todo el mundo está más adverso al riesgo y a invertir en el
país. La gente trata de tener sus recursos líquidos”, agrega el también
expresidente de la cuprífera estatal Codelco.
Los daños sobre las infraestructuras aún es parcial,
pero arroja ya una cifra lo suficientemente gruesa como para hacer saltar las
alarmas: al menos 4.500 millones de dólares, según la Cámara Chilena de la
Construcción, solo considerando los espacios públicos. En la capital, las
ventas del comercio al por menor cayeron a una tasa de doble dígito en los días
más álgidos de las protestas, la confianza del consumidor ha caído hasta su
nivel más bajo en tres años y tenido un efecto cascada sobre la recaudación.
Con el comercio a medio gas, sobre todo en la capital, las compañías —y muy
especialmente, las de menor tamaño y músculo comercial y financiero— empiezan a
pasarlo “realmente mal”, en palabras de Francisco Castañeda, profesor de la
Universidad de Santiago. La confederación de la micro, pequeña y mediana
empresa (Conapyme) cifra en unas 20.000 las pymes que podrían declararse en
quiebra por la “caída sustantiva” de las ventas y la producción. “A eso hay que
añadir datos como la caída que tuvo la recaudación del IVA”, apunta Aravena.
Disminuyó un 25%.
La dentellada también ha alcanzado al empleo, la
variable macroeconómica más conectada con el día a día de la calle: el ministro
de Hacienda, Ignacio Briones, calcula en unas 300.000 personas el aumento del
desempleo de aquí a final de año. “El mercado laboral sigue sometido, con
indicadores conflictivos”, reconoce la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que avisa de que sus previsiones —2,2% de
crecimiento este año, casi la mitad que el pasado, y 2,4% en 2020— están necesariamente
en cuarentena, “sujetas a la considerable incertidumbre” provocada por el
estallido social. Y la balanza comercial también ha empezado a resentirse, con
una caída del 35% en las exportaciones e importaciones, con una parte no menor
de la actividad portuaria prácticamente paralizada en el país de los 6.400
kilómetros de costa. La caída del peso es otro reflejo de las dudas de los
inversores, con señales nada favorables para los intereses chilenos: desde el
inicio de los choques en la calle, el descalabro de la divisa arroja números
gruesos, del 20%.
El banco central chileno, luego de una nueva subida
del dólar frente a la moneda local —que se llegó a cambiar el jueves pasado 828
pesos por cada divisa estadounidense, marcando nuevos récords—, anunció una
histórica intervención en el mercado cambiario de hasta 20.000 millones de
dólares. Desde el 18 de octubre, el día que se iniciaron las protestas, el
dólar había subido 116 pesos (un alza de 16,7%).
Un
golpe sobre la marca Chile
“Hay margen para seguir creciendo, sí, pero todo
depende de que el proceso de negociación acabe pronto: cada día que pase, será
un día más de daño económico. La incertidumbre es grande, inimaginable desde
fuera del país”, completa Castañeda. En ese medio y largo plazo, el proceso de
reforma constitucional, que arrancará en abril con un plebiscito en el que los
chilenos decidirá si se debe o no cambiar la carta fundamental de 1980, aún
bajo la dictadura de Augusto Pinochet, juega un papel esencial. Si como todo
hace presagiar gana el sí —las encuestas apuntan a un respaldo del 85%—, se
elegiría en paralelo el mecanismo: si una asamblea 100% compuesta por
ciudadanos o una mixta integrada por un 50% ciudadanos y la otra mitad de
parlamentarios. Luego habría otra elección en octubre de 2020 para elegir a
quienes redactarían la Constitución, quienes tendrán entre nueve meses y un año
para realizar su trabajo.
En el ínterin, los riesgos son altos. “La marca
Chile ha sido severamente afectada, algo que se refleja en el valor de los
activos de nuestro país”, señalaba recientemente el expresidente del Rodrigo
Vergara, expresidente del banco central. Walmart, uno de los gigantes globales
de a distribución, presentó a mediados de noviembre seis recursos contra el
Estado chileno por 1.200 episodios de saqueos en un centenar de
establecimientos. “Desafortunadamente, el Estado ha incumplido con su deber de
garantizar el orden público y la seguridad pública interior (...)” apuntaba la
empresa estadounidense. A rebufo, se han ido sumando otros actores locales: un
grupo de casi 40 comerciantes de Concepción (sur) ya ha presentado un escrito
de protección ante los tribunales. Más incertidumbre.
Ante la congoja en lo macro, buenas son las
certezas. La ya histórica dependencia del cobre —sobre sus hombros descansan el
60% de las exportaciones y algo más de la décima parte del PIB chileno, un
factor eternamente señalado por economistas de todo pelaje como factor de
riesgo ante cualquier cambio en la cotización internacional— se convierte en un
potente freno de seguridad si el tren de la economía termina finalmente por
descarrilar del todo, un extremo que prácticamente ningún analista tiene en su
eje de coordenadas. El mundo necesita este metal noble, requerido en multitud
de procesos industriales, y Chile supone más de la cuarta parte de la oferta.
Más
margen fiscal que monetario
Las turbulencias sacan lo peor, pero también lo
mejor de una economía. Chile está mucho más sólidamente posicionado que otros
países de la región, en los que una turbulencia política similar habría
provocado una entrada casi inmediata en recesión. Y goza de un margen de
maniobra fiscal —tanto para que el Gobierno pueda poner en marcha medidas
sociales como para apostar por políticas contracíclicas en caso de que el
resfriado pasase a gripe— notablemente mayor que en el resto de grandes países
latinoamericanos, con la deuda pública ligeramente por encima del 25% del PIB
—aunque habiéndose quintuplicado en una década— casi 15 puntos por debajo de la
media regional. Algo menos de margen hay en política monetaria: en lo que va de
año, el banco central ha rebajado los tipos de interés del 3% al 1,75%, un
nivel que —pese a que la inflación está bajo control— no invita a pensar en
muchos más recortes en el precio del dinero.
“Durante unos 10 años, el Estado debería tener
déficits fiscales importantes, apostando a una mejoría significativa de las
condiciones sociales, con un costo de unos cinco puntos del PIB”, apunta
Landerretche. Sería, dice, una suerte de Plan Marshall adaptado a las
condiciones del Chile del siglo XXI. Pero, para evitar caer “en el clásico
ciclo latinoamericano, donde los países crean gastos porque hay mucha
desigualdad y luego los países quiebran y viene una ola neoliberal
restauradora, como tantas veces en Argentina”, el proceso debería ir acompañado
de una estrategia de desarrollo que relance el crecimiento e incorpore toda la
población a un crecimiento del que solo disfrutan algunos. “Pero todo este
plan”, sentencia el economista de la Universidad de Chile, “tiene un
prerrequisito: solucionar el tema de la violencia. Porque con desorden social,
nada va a funcionar”.