30 AÑOS DE LA INVASIÓN DE EE UU A PANAMÁ
“Perdone que le llame a esta
hora. Nos desplegamos en Panamá”: así explicó Bush la invasión a los líderes de
América Latina
Se publican cientos de archivos
desclasificados sobre la operación militar para derrocar al general Manuel
Noriega
SOL LAURÍA / ELIEZER
BUDASOF
Ciudad de Panamá /
México 17 DIC 2019 - 23:30 CET
A las 3.41 del 20 de diciembre de
1989, mientras el barrio El Chorrillo de Ciudad de Panamá ardía como una bola
de fuego por las bombas y los vecinos huían de las llamas esquivando cadáveres,
el presidente estadounidense George H. W. Bush le decía por teléfono a su par
argentino Carlos Menem que el ataque brutal que Estados Unidos acababa de
desplegar en Panamá era para “proteger vidas americanas” y “ayudar a los
panameños a restaurar el Gobierno democrático”.
“Tuvimos que tomar acciones”, le
dijo Bush a Menem.
La frase
era casi idéntica a la que había usado minutos antes con
el presidente mexicano Carlos Salinas y con el
venezolano Carlos Andrés Pérez, a quienes llamó también esa noche para
justificar la invasión a Panamá. Después de las 3.00, desde la Casa Blanca,
Bush padre dedicó una hora a explicarles a tres mandatarios latinoamericanos,
uno tras otro, que no le había quedado más opción que usar la fuerza militar
para capturar a Manuel Antonio Noriega, el dictador que gobernaba el país desde
hacía 21 años. Dijo que Noriega les había declarado la guerra: que el Ejército
panameño había asesinado a un oficial de la Marina de su país y que había
golpeado a otro y abusado de su esposa. “No podíamos permitir que Noriega
cometa actos de violencia contra los americanos”, le dijo Bush al mexicano
Salinas, y repitió sus razones en cada llamada como si recitara un libreto.
El contenido de las
conversaciones que el presidente estadounidense mantuvo esa madrugada con
distintos líderes políticos del continente forma parte de los documentos
desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos que, a días de cumplirse 30
años de la invasión a Panamá, ahora podrán consultarse en Internet de forma
sistematizada gracias al trabajo conjunto del colectivo de periodistas
Concolón, la Comisión 20 de diciembre de 1989 y el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Washington.
Pulse sobre la foto para ver
las conversaciones con Carlos Menem y Carlos Salinas.Las transcripciones de
las llamadas Trascripción de la conversación entre George H. W. Bush
y el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, la madrugada del 20 de
diciembre de 1989. Pulse sobre la foto para ver las conversaciones con Carlos
Menem y Carlos Salinas.
Hasta el momento son más de 600
documentos que van desde 1977 hasta 2011 y corresponden a informaciones de la
Casa Blanca, los Departamentos de Estado y Defensa, el Comando Sur y organismos
como el National Security Council y la CIA, entre otros, que se publican este
martes en la plataforma Panamá Files. Muchos de ellos ya estaban disponibles en
distintos sitios como National Geographic Virtual Library. Otros cientos
estaban en cajas de la National Archives and Record Administration o la Bush
Library. Y el proceso de desclasificación de archivos continúa con arreglo a lo
dispuesto en Ley de Libertad de Información estadounidense.
Entre los documentos ya
procesados por Panamá Files pueden encontrarse informes de cómo el
Ejército estadounidense acribilló esa noche los puestos de guardia en
el exterior del aeropuerto internacional de Panamá con helicópteros de combate
mientras unos 400 pasajeros aterrizaban o esperaban sus vuelos; reportes sobre
la persecución a Manuel Noriega —que terminó refugiado en la nunciatura papal
junto a supuestos miembros de la organización terrorista ETA, según
la transcripción de un cable de Efe, hasta que se
entregó, el 3 de enero de 1990— y registros sobre el afán de Estados Unidos
por controlar el relato de la invasión: directrices informativas, respuestas a
versiones periodísticas, seguimiento de lo que publicaban los medios y hasta
cartas de miembros del Ejército en las que discutían editoriales.
Las llamadas de Bush de esa noche
muestran que su Gobierno había elaborado un discurso claro sobre las bondades
que la invasión traería a los panameños, pero obviaba cualquier mención a los
costes humanos y sociales de la acción militar.
Un soldado
estadounidense arresta a un panameño durante el despliegue para capturar al
dictador Manuel Noriega, el 20 de diciembre de 1989. JEAN LOUIS ATLAN GETTY
La Operación Causa Justa, como
Estados Unidos bautizó la invasión a Panamá, fue un ataque desmesurado de
27,000 soldados con armamento de última tecnología —bombarderos furtivos
Nighthawk, helicópteros de combate Apache— para derribar a un dictador que,
hasta hacía poco, había sido un estrecho colaborador de la CIA y un aliado
clave de los estadounidenses en el apoyo a los movimientos de contrainsurgencia
en la región. Noriega comandaba uno de los ejércitos más pequeños del
continente, las Fuerzas de Defensa de Panamá, que habían sido creadas con el
consentimiento y el adiestramiento de Estados Unidos, el mismo país que la
madrugada del 20 de diciembre de 1989 ejecutó una acción planificada para
desmantelarlas y entregar el Gobierno al abogado panameño Guillermo Endara.
"Si todo va bien, pronto
eliminaremos las fuerzas que hemos agregado como refuerzo", le confesó
Bush a Carlos Salinas, el segundo mandatario del continente al que llamó esa
noche, minutos después de las 3.00 de la mañana. Entre los archivos
desclasificados hasta el momento se ve que Bush se comunicó primero con el
primer ministro canadiense Brian Mulroney, quien le expresó de inmediato su
apoyo por la acción militar (“tenías que responder”). Luego llamó a Salinas,
que escuchó sus argumentos y le dijo que la intervención de Estados Unidos iba
en contra de los principios de México, pero que ellos aplicarían la doctrina
Estrada con el nuevo Gobierno panameño.
—¿Cómo funciona la doctrina
Estrada? —preguntó Bush.
—No hace ninguna diferencia quién
está en el poder. Nosotros reconocemos a todos —le explicó Salinas.
Mientras Bush y Salinas hablaban
sobre diplomacia, las fuerzas de Estados Unidos se preparaban para cercar un cuartel
militar en Río Hato, a casi cien kilómetros de la capital panameña. Ya habían
desembarcado en esa base un par de horas antes con aviones F-117As y
bombas. Luego llegaron los rangers, paracaidistas cargados de
granadas y helicópteros.
A las 3.26, después de acabar la
conversación con el presidente mexicano, Bush se comunicó con el mandatario
venezolano Carlos Andrés Pérez, que lo saludó con un good morning, mr.
president, y esta frase: “Estamos muy molestos por el motivo por el
cual está llamando”. Bush le aseguró que ellos también lo estaban, pero
repitió que Noriega había empezado y que para él y para sus asesores ya había
sido suficiente: "He decidido intentar capturar a Noriega y poner fin a
esto”, dijo. Luego volvió a enumerar los beneficios que llevarían a Panamá, los
mismos que había recitado antes a Salinas y que usaría después con Menem:
aseguró que estaba comprometido a devolver el canal a los panameños, que
actuarían rápidamente para devolver la democracia a Panamá, que levantarían las
sanciones económicas impuestas desde 1988 y que permitiría de nuevo el acceso
de barcos con bandera panameña a su territorio (Estados Unidos había aprobado
las sanciones económicas y el veto a las embarcaciones panameñas para tratar de
asfixiar a la dictadura de Noriega).
Finalmente, Bush se comunicó con
Carlos Menem, el último presidente al que llamó esa madrugada. "Perdone
que lo llame a esta horrible hora de Dios”, le dijo, y después de explicarle
los acontecimientos añadió: “Esta noche hemos dado órdenes para que las tropas
se desplieguen en Panamá”. El presidente argentino le agradeció la llamada, le
dijo que no se preocupara por la hora y le preguntó: “¿Me podría decir otra vez
cuál es la situación de Noriega?”. “Desconocemos la situación de Noriega”,
respondió Bush, “creemos que está en [la Ciudad de] Panamá. No ha sido detenido
hasta este momento”. Menem ofreció su ayuda en lo que pudiera ser útil, les
deseó feliz Navidad a Bush y a su esposa y se despidieron. Eran casi las 4.00
de la mañana del 20 de diciembre de 1989. Minutos después, aviones
estadounidenses bombardeaban instalaciones militares en el distrito de San
Miguelito, el segundo más poblado del país, en el norte de Ciudad de Panamá. Ya
habían hecho un intento a las 2.00 de la mañana, pero fallaron el blanco y
desataron el caos entre los vecinos.
Los documentos publicados por
Panamá Files muestran varias conversaciones entre el presidente de Estados Unidos
y el nuevo mandatario panameño, Guillermo Endara, antes y después de la
invasión. En mayo de 1989, justo después de las elecciones
que ganó Endara pero en las que Noriega cometió fraude, Bush lo llamó
para decirle que él era el "verdadero vencedor". Volvió a llamarlo un
mes después para darle el pésame por la muerte de su esposa y decirle que no
estaba seguro de qué hacer con Noriega, pero que estaba abierto a sugerencias:
"Todavía queremos ver la voluntad de la gente cumplida en Panamá".
Las semanas posteriores a la
invasión, cuando los soldados estadounidenses ya controlaban las calles y
Endara estaba instalado en la presidencia, Bush habló con él varias veces y por
los mismos motivos: la aprobación de un paquete de asistencia, la condena a
Noriega, el crecimiento económico del país, el tráfico de drogas. En las calles
de Ciudad de Panamá, cientos de vecinos de El Chorrillo reclamaban alguna
respuesta: su barrio, donde estaba ubicado el cuartel general de Noriega, fue
el más afectado por la acción militar (hubo 18,000
desplazados y más de 300 viviendas destruidas). Decenas pedían buscar a sus
muertos o desaparecidos. Después del ataque, señala un informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, los cadáveres fueron amontonados en fosas
clandestinas, envueltos en bolsas, unos encima de los otros.
Muchos panameños celebraron
agradecidos el ataque brutal que los liberó del régimen opresor de Noriega. La
mayoría de ellos posiblemente desconocía la dimensión de los daños y cómo las
bombas habían destruido hogares y vidas pocos días antes de Navidad: la
doctrina de la embedded press (literalmente "prensa
empotrada", en referencia a los reporteros que acompañaban a las unidades
militares y eran supervisados por ellos) fue un éxito y el Ejército
de Estados Unidos repartía camisetas y calcomanías con leyendas que respaldaban
la operación como una causa justa.
Fotografía
de uno de los depósitos de cadáveres en Panamá después de la invasión. Fue la
última imagen de Juantxu Rodríguez, fotógrafo de EL PAÍS, antes de su muerte. JUANTXU
RODRÍGUEZ
A partir de 1989 todos los
Gobiernos panameños actuaron como si las víctimas no existieran. Endara, el
primer presidente posinvasión, dijo: “Al Estado panameño no le compete atender
los reclamos”. Cinco años después asumió Ernesto Pérez Balladares, que no recibió
a las víctimas ni una sola vez durante su gestión. En 1999 llegó a la
presidencia Mireya Moscoso, que centró los esfuerzos en esclarecer las
violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Noriega. Cuando en
2004 llegó
al poder Martín Torrijos, hijo del caudillo que había recuperado el canal
de Panamá para los panameños, las víctimas se ilusionaron. Pero fue peor: vetó
los proyectos aprobados por la Asamblea para investigar y conmemorar la
invasión. Con el Gobierno siguiente, el del empresario Ricardo Martinelli,
tampoco encontraron respuesta.
La indiferencia o el miedo a la
confrontación con Estados Unidos de los Gobiernos de Panamá ha sido tal que
hasta el día de hoy no existe una cifra oficial de muertes provocadas por la
invasión. La Iglesia contó 341 civiles. El Instituto de Medicina Legal, 255.
Organismos de derechos humanos, más de 1.000. Estados Unidos contabilizó 202
muertes de civiles y 314 de militares panameños, según las últimas cifras que
figuran entre los documentos desclasificados hasta ahora. Sobre los
desaparecidos tampoco hay números oficiales.Una de las víctimas fue el fotógrafo
colaborador de EL PAÍS Juantxu Rodríguez, que cubría la invasión junto con
Maruja Torres.
En 2016 el Gobierno menos pensado
—del mismo partido que Endara— creó la Comisión 20 de Diciembre de 1989, un
órgano público para investigar las violaciones de derechos humanos y esclarecer
el número e identidad de las víctimas.
El año pasado, 29 años después de
la invasión, el silencio comenzó a resquebrajarse. Tras una pelea judicial de
más de dos décadas, la abogada panameña Gilda Camargo y un socio consiguieron
que un tribunal internacional condenara a Estados Unidos. El 5 de octubre de
2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que
responsabiliza a Washington por violar los derechos a la vida, la libertad, la
seguridad, la propiedad, la justicia y la integridad de las personas. El
informe exhorta a Estados Unidos a reparar esas violaciones tanto
"material" como "inmaterialmente" y exige crear mecanismos
para hacerlo de manera urgente.
Hasta ahora, al igual que en las
tres décadas que han pasado desde la invasión, Estados Unidos ha mantenido
silencio. Pero el informe de la comisión y el trabajo por difundir los
documentos sobre la Operación Causa Justa empiezan a romper el relato único sobre
la invasión y tal vez consigan explicar que la caída de un dictador no exime de
responsabilidades hacia quienes se convirtieron en víctimas por partida doble:
del régimen de Noriega primero y del ataque brutal para sacarlo del poder
después.