ARGENTINA
Alberto Fernández eleva
las retenciones a las exportaciones agrarias
El Ejecutivo argentino también ha
elevado la indemnización por despido, una medida que intenta frenar el
desempleo
ENRIC GONZÁLEZ
Buenos Aires 14 DIC
2019 - 21:30 CET
El nuevo Gobierno argentino
aumentó las retenciones fiscales a las exportaciones agrarias. A través de un
decreto publicado este sábado, quedó sin efecto el esquema impositivo
establecido por el anterior presidente, Mauricio Macri, que retenía cuatro pesos
por dólar exportado, y se impuso un porcentaje fijo del 9% por cada dólar. En
el caso de la soja, el producto más competitivo en los mercados
internacionales, el 9% se sumó al 18% que ya estaba en vigor, por lo que el
total retenido a los exportadores asciende al 27%.
La decisión de Alberto Fernández
constituye en realidad una actualización: cuando Macri fijó los cuatro pesos
por dólar, el dólar se cambiaba a 38 pesos; ahora se cambia casi a 60. Aun así,
las patronales agrarias, principal fuente de divisas del país, expresaron de
inmediato su malestar por no haber sido consultadas. Carlos Iannizzotto,
presidente de Coninagro, acusó al presidente de faltar a su palabra: “Dijo que
no iba a tomar medidas sin hablar antes con nosotros”, se quejó. “Esto no va a
caer bien en el sector”, comentó a su vez Matías de Velazco, presidente de la
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
El asunto de las retenciones
agrarias, en especial las referidas a la soja, es siempre delicado. En 2008, el
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner las aumentó desde el 35% hasta el
48,7% y las patronales agrarias se lanzaron a una protesta que duró cuatro
meses, con frecuentes manifestaciones y cortes de carreteras. La crisis le
costó el puesto al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. Fernández, entonces jefe de gabinete, intentó
resolver el problema con una nueva ley que finalmente fue rechazada por el
Senado por un solo voto, el emitido por el propio vicepresidente, Julio Cobos.
Fernández tomó entonces la decisión de dimitir y dejó el Gobierno con fuertes
críticas contra la presidenta.
El nuevo Ejecutivo ha publicado
también un decreto destinado a frenar los despidos. Durante los próximos seis
meses, cualquier despido no justificado implicará una indemnización del doble
de lo que establece la ley. El decreto declara la Emergencia Pública en Materia
Ocupacional, debido a la severa crisis económica que atraviesa el país y que ha
disparado la tasa de desempleo hasta el 10,6%.
La medida no debería tener gran
incidencia, porque las empresas ya redujeron plantillas antes de que Alberto
Fernández tomara posesión (esperaban alguna decisión de este tipo) y porque los
próximos meses veraniegos, enero y febrero, son vacacionales. De todas formas,
varios grandes empresarios se quejaron y reclamaron un relanzamiento de la
economía y del mercado interno, no medidas temporales.