ARGENTINA
Alberto Fernández logra romper el bloqueo parlamentario contra su plan
de emergencia económica
La ley podría aprobarse el
viernes en el Senado argentino con algunos cambios en el texto inicial
ENRIC GONZÁLEZ
Buenos Aires 20 DIC
2019 - 01:29 CET
Alberto Fernández logró romper el
bloqueo parlamentario. Los diputados federalistas del ex candidato presidencial
Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, le permitieron
alcanzar el necesario para iniciar un
debate maratoniano en la Cámara sobre el programa de emergencia económica. El
nuevo presidente argentino dijo contar con los votos necesarios para aprobar el
paquete de medidas, del que aceptó suprimir o moderar los apartados más
polémicos.
El arranque de la gestión
peronista en el Congreso no pudo ser más áspero. Los parlamentarios de la
oposición macrista se negaron a ingresar en el hemiciclo, para que no hubiera
quorum y no fuera posible ni tomar juramento a los nuevos diputados (los que
sustituyen a los integrados en el Gobierno) ni iniciar el debate. La ayuda de
Lavagna y Schiaretti al bloque peronista desbarató la maniobra opositora y
finalmente se ocuparon los escaños. También ayudó muchísimo al desarrollo de la
sesión la retirada de un artículo que concedía a la Casa Rosada plenos poderes
para reformar el Estado, inadmisible para los macristas, y el compromiso de
negociar algunos puntos concretos en apartados como los referentes a las
pensiones o la subida de retenciones fiscales para las exportaciones agrarias.
Quedaron inscritos 130 oradores,
lo que hacía imposible una votación antes del viernes. Luciano Laspina, de
Juntos por el Cambio, tuvo la primera intervención opositora y denunció que,
con la excusa de la situación económica, Fernández quería “cerrar el Congreso”
y gobernar sin control parlamentario. Tanto Laspina como otros parlamentarios
protestaron contra la congelación por seis meses de las pensiones, muy
erosionadas por la inflación, y contra la creación de un impuesto del 30% sobre
la adquisición de dólares y el uso de tarjeta de crédito en el exterior. “Le
están quitando la posibilidad de viajar a quien paga sus vacaciones en doce
plazos”, dijo Laspina.
Luis Contigiani, diputado de
Santa Fe, lamentó que la mayor presión fiscal sobre los exportadores agrarios
fuera a perjudicar “a los pequeños y medianos productores”, “que no son ni
oligarcas ni terratenientes”.
El presidente de la Comisión de
Hacienda, Darío Martínez, defendió ante el pleno el conjunto de medidas y
afirmó que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino
en la mesa de cada argentino”. Recordó que la deuda externa había aumentado un
76% en los últimos cuatro años, que la inflación era del 52%, que la producción
industrial había caído un 11% y que el desempleo rondaba el 10%. Un tercio de
la población argentina vive en situación de pobreza.
El gobierno se mostró dispuesto a
negociar en la Cámara algunos de los puntos que más encrespaban a la oposición,
con el fin de asegurarse una mayoría holgada en la votación final. Además de
ofrecer dos pagas extraordinarias a los pensionistas con haberes más bajos,
cosa ya incluida en el proyecto inicial, aceptó desvincular de la congelación
las pensiones de los docentes y los científicos jubilados, y no descartaba
otras concesiones. También abrió la posibilidad de suavizar el aumento de la
presión fiscal sobre algunos de los propietarios agrícolas. El aumento
generalizado de los impuestos, salvo para las rentas más bajas, y las ayudas a
las pequeñas empresas, constituyen dos los rasgos fundamentales del programa de
emergencia.
El recargo del 30% sobre la
compra y uso de dólares, con el fin de preservar reservas en divisas y poder
hacer frente al pago de la deuda mientras se renegocia la misma, ha gustado
tanto al Fondo Monetario Internacional, principal acreedor, como a los
tenedores de bonos. El mercado de deuda en bonos ha registrado alzas en los dos
últimos días. El Frente de Izquierda, con dos diputados, se sumó al macrismo en
su rechazo al programa de emergencia porque según el diputado Nicolás del Caño
“supone aplicar un ajuste sobre los jubilados para pagar una deuda ilegítima”.
