IRÁN
Irán debate dos leyes que reducen a la mujer a “máquinas de hacer bebés”
Amnistía Internacional denuncia el riesgo de retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las iraníes
Amnistía Internacional denuncia el riesgo de retroceso de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán si se aprueban
dos leyes que las reducen a “máquinas de hacer bebés”. De acuerdo con un informe
que ha publicado este miércoles, los dos proyectos equivalen a
desmantelar los programas de planificación familiar financiados por el
Estado, que tan alabados han sido internacionalmente, y consagrar la
discriminación de la mujer tanto en el acceso al empleo o la lucha
contra la violencia machista. De hecho, ya se han introducido algunas
medidas, como la supresión de las subvenciones a los anticonceptivos y
de la gratuidad de las vasectomías, que alientan esa preocupación.
“Las leyes propuestas consolidarán prácticas discriminatorias y harán
retroceder décadas los derechos de las mujeres y niñas de Irán”, ha
declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional
para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional (AI).
En su opinión, “las autoridades están fomentando una cultura peligrosa
en la que las mujeres son despojadas de derechos fundamentales y
consideradas máquinas de hacer bebés, en lugar de seres humanos con los
derechos básicos a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida”.
En Procrearás: Ataques a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Irán, Amnistía alerta de las consecuencias del giro político respecto al control de la natalidad desencadenado por el deseo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de duplicar la población.
Su objetivo es alcanzar los 150 millones de habitantes para 2050, según
se desprende de varios discursos que ha pronunciado sobre el asunto en
los últimos años.
“El retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en Irán se produce tras el sorprendente cambio en la política oficial
sobre población que, desde su implantación en 1989, había ayudado a
lograr un descenso continuado del índice de fertilidad en el país: de 7
nacimientos por mujer en 1980 a 5,5 en 1996 y 1,85 en 2014”, constata el
informe.
Según el análisis de Amnistía, la aprobación del proyecto de ley para
Incrementar los Índices de Fertilidad y Prevenir el Descenso de
Población “declararía ilegal la esterilización voluntaria y prohibiría
la provisión de información sobre métodos anticonceptivos”, dos de los
pilares de los programas estatales de planificación familiar que han
facilitado los indudables avances sociales de las iraníes y que han sido
utilizados como modelo para otros países en desarrollo. Esa norma ya
obtuvo el visto bueno del Parlamento el año pasado, pero fue vetada en
una instancia superior y ahora se encuentra en proceso de revisión.
“Con la abolición de los programas de planificación familiar y el
bloqueo del acceso a servicios vitales de salud sexual y reproductiva,
las autoridades expondrán a las mujeres a riesgos graves para la salud y
violarán sus derechos humanos”, advierte Sahraoui.
Amnistía señala que eso obliga a las mujeres a llevar a término
embarazos no deseados o arriesgar su vida con abortos clandestinos.
Estos son una de las principales causas de mortalidad materna. Según la
Organización Mundial de la Salud, en 2008 esas intervenciones sin
garantías causaron la muerte a 47.000 mujeres y distintos grados de
discapacidad a cinco millones.
El otro proyecto que preocupa es el Plan General de Población y
Exaltación de la Familia que los diputados tienen previsto debatir el
mes que viene. Según Amnistía, esa ley propone “medidas perjudiciales y
discriminatorias dirigidas a fomentar el matrimonio a edad temprana, la
maternidad repetida y unos índices de divorcio más bajos, a riesgo de
atrapar a las mujeres en relaciones abusivas”. Para esa organización,
tal como está redactado, permite la discriminación de las mujeres a la
hora de solicitar empleo, especialmente si son solteras o no tienen
hijos, dificulta el divorcio y disuade de la intervención policial y
judicial en disputas familiares, incluidas las que implican violencia
contra las mujeres.
Nada más conocerse ese Plan el año pasado, 650 activistas civiles y simples ciudadanos iraníes firmaron una declaración rechazándolo.
Denunciaron que imponía restricciones indebidas a las oportunidades
educativas y de trabajo de las mujeres, al priorizar en los contratos a
los hombres sobre las mujeres, y a las mujeres casadas y con hijos sobre
las solteras o sin descendencia. Amnistía se hace eco de aquellas
críticas.
“Los proyectos de ley transmiten el mensaje de que las mujeres no
sirven más que para ser amas de casa obedientes y hacer bebés (…) y
contradicen la realidad de las mujeres iraníes que hasta hace poco
constituían la mayoría de quienes obtenían una licenciatura
universitaria y representaban el 17% de la mano de obra del país”,
recuerda Sahraoui.
Incluso antes de que las normas se hayan convertido en ley, la
voluntad política que subyace tras ellas ya ha empezado a surtir efecto.
A raíz del discurso del líder supremo en 2012, el Parlamento revocó la
Ley de Planificación Familiar, que era la base del exitoso programa de
control de la natalidad. Desde entonces se han suprimido las
subvenciones a los anticonceptivos y de gratuidad de las vasectomías,
sin que la llegada al Gobierno de Hasan Rohaní en 2013 haya supuesto un
cambio en ese sentido.
Amnistía cuestiona las declaraciones de las autoridades de que en
Irán hombres y mujeres reciben el mismo trato. La organización asegura
que “la violencia sexual y la discriminación de la mujer son frecuentes
en Irán, donde se niega a las mujeres la igualdad de derechos respecto
del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, las herencias,
los viajes e incluso a la hora de decidir su indumentaria”.
“Las autoridades iraníes están recurriendo a la ley para tratar de
frenar los avances de la mujer en el país”, concluye Sahraoui. Además de
controlar su vestimenta, lo que estudian y dónde trabajan, “ahora se
inmiscuyen en su vida privada tratando de controlar su cuerpo y de
decirles cuántos hijos deben tener”. La responsable de Amnistía pide que
se descarten los dos proyectos de ley y se restablezca la financiación
de unos servicios de planificación familiar de calidad.