EDITORIAL: EL NACIONAL -VENEZUELA
Venezuela no fue sancionada
25 DE ENERO DE 2018
Las
medidas recientes de la Unión Europea, que velan por el respeto de los
derechos humanos en Venezuela y procuran la persecución de delitos de
corrupción que traspasan las barreras nacionales, han sido consideradas por los
voceros de la dictadura como un ataque contra nuestra sociedad en su
conjunto.
Dada
la insistencia de las afirmaciones que pretenden convertir unas
decisiones dirigidas contra un grupo de funcionarios en una afrenta
contra la patria, conviene llamar la atención sobre el propósito de la decisión
tomada por los gobiernos democráticos que fijan sus ojos en las calamidades del
país.
Antes
tomaron medidas semejantes los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, para
recibir igual respuesta de parte de los involucrados. Como hablan ahora,
hablaron ellos de injerencismo, una palabra que pusieron de moda y que
desembuchan cuando los vientos les son contrarios. Como afirmaron antes,
afirman ahora que son víctimas del imperialismo que, de nuevo, pretende hollar
el suelo sagrado de la patria.
Como
aseguran en estos momentos, aseguraron ser el compendio de una persecución de
objetivos oscuros, dirigida en términos generales contra valores esenciales del
civismo, contra los principios legales de la república y contra el conjunto de
las virtudes que forman el acervo nacionalista. De tanto machacar el discurso,
de tanto rasgarse las vestiduras, seguramente no faltarán lo incautos y los
fanáticos que se duelan por lo que exhiben como una agresión contra toda la
colectividad.
Los
gobiernos y los organismos supranacionales que han ordenado las aludidas
sanciones solo se han detenido en un conjunto de funcionarios, cuya conducta
merece severa reprobación. Apenas los ha movido la gravedad de los delitos de
unos pocos, la seguridad de que han participado en ilícitos relacionados con
hechos susceptibles de urgente remedio, como el narcotráfico, el lavado de
dinero, la muerte y la tortura de un grupo numeroso de sus indefensos
gobernados.
En
consecuencia, no se persigue a un país llamado Venezuela, sino a una banda de
funcionarios que deben pagar sus culpas en los tribunales nacionales y
extranjeros y que merecen repudio en las latitudes civilizadas.
Por
eso las sanciones se han cuidado de identificar con precisión a los
sancionados. Colocan sus nombres, refieren las funciones públicas que ejercen o
ejercieron y las atrocidades de las cuales son responsables. Atrocidades que,
por su tamaño y características, superan los límites domésticos para hacerse
merecedoras de banquillos, policías, jueces, jurados, restricciones de tránsito
y sentencias en el extranjero.
Ninguno
de los Estados y de las instituciones que han promovido las medidas ha hecho
acusaciones genéricas, ni han proferido expresiones que puedan dejar mal parado
el gentilicio, ni insultan en sentido colectivo, como afirma el montón de
sujetos que ya son famosos pájaros de cuenta a escala mundial.
En
suma, mandatarios e instituciones respetables de la comunidad internacional consideran
que en la cúpula de la dictadura existe una pandilla de malhechores contra los
cuales deben aplicarse medidas sanitarias de naturaleza perentoria. Así lo han
señalado ante los ojos del mundo.