América Latina
América Latina afronta un trascendental año
electoral
Brasil, México y
Colombia, entre otros, renovarán sus liderazgos a lo largo de 2017
São Paulo / México / Bogotá 2 ENE 2018
América Latina afronta
en 2018 un año electoral de enorme trascendencia. Los dos gigantes de la
región, Brasil y México, celebrarán elecciones presidenciales, igual que
Colombia, cuarta economía del área. Venezuela, protagonista de una crisis
política en constante escalada, supuestamente también debería convocar comicios
presidenciales. Los paraguayos también decidirán en abril los nombres de su
nuevo presidente y vicepresidente, así como los de sus representantes en ambas
Cámaras del Legislativo. Y en Cuba, Raúl Castro ha anunciado para este año su
retirada de la
BRASIL
Brasil celebrará en octubre de este año las elecciones más importantes e
imprevisibles desde 1989 y el fin de la dictadura. Aquellos comicios
presidenciales llevaron por sorpresa a la segunda vuelta al entonces
metalúrgico izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que vuelve a ser
protagonista en la lucha por dirigir el país, ahora en manos de Michel Temer tras el traumático impeachment que
forzó la salida del cargo de Dilma Rousseff en 2015. No
obstante, no está claro si Lula da Silva, dos veces presidente del Gobierno al
frente del Partido de los Trabajadores (PT), podrá concurrir en 2018 como
candidato, ya que pende sobre él una sentencia condenatoria que ha recurrido
por un supuesto caso de corrupción. Tampoco está claro si, de no poder
presentarse, tendría fuerza para concitar apoyos en torno al nombre que lo
sustituya al frente de la lista del PT.
En el centroderecha, afectado como todas las formaciones por el megaescándalo de los sobornos de Petrobras, tampoco
se vislumbra de momento un panorama claro. El veterano gobernador de São
Paulo, Geraldo Alckmim, del
partido centroderechista PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña),
tratará de vencer su debilidad en los sondeos. Desde hace 24 años en el poder
del principal Estado brasileño, Alckmim intentará atraer el sentimiento
anti-Lula con algún gesto de política social que lo haga ser más del gusto de
la región noreste del país, la más pobre. No será empresa fácil conjugar esa
estrategia con la defensa de reformas liberales como la del sistema de
pensiones.
A estas alturas de la larga carrera
presidencial, a la que en principio no se sumará Temer (Partido del Movimiento Democrático
Brasileño), la novedad la aporta la
candidatura de extrema derecha del diputado y militar retirado Jair Bolsonaro, que saca partido del
electorado anti-Lula y avanza en las encuestas. Sin embargo, la mayoría de
analistas cree que el fenómeno Bolsonaro tiene un techo porque el candidato
ultraderechista no tiene una plataforma social en un país en el que el 70% de
los electores tiene ingresos familiares de no más de dos salarios mínimos (478
euros).
En todo caso, en un ambiente político tan pulverizado, pueden surgir
otros candidatos independientes. Pero el año en Brasil empieza marcado por un
nuevo capítulo del culebrón jurídico de Lula da Silva, acusado en la megaoperación Lava Jato por haberse
lucrado, presuntamente, al facilitar contratos públicos a empresas. El
expresidente ya fue condenado en una de las demandas por el juez estrella
Sergio Moro y el día 24 de este mes un tribunal superior resolverá si confirma
o no la pena. No obstante, queda un largo camino de recursos judiciales hasta
llegar al Tribunal Supremo, y el PT ya ha manifestado su intención de ir hasta
el final para mantener a Lula da Silva en la carrera presidencial.
No es una cuestión menor: aunque todavía
faltan muchos meses para las elecciones que se celebrarán en octubre, los
sondeos más recientes sitúan a Lula, símbolo de una edad de oro (especialmente
para los brasileños más pobres), como el gran favorito. El Instituto Datafolha
de São Paulo estima que el 38% de los electores son “lulistas” y tienen al
menos la intención de votar a quien el expresidente designe para sustituirlo si
no puede concurrir. En ese escenario podrían despuntar algunos candidatos
considerados suplentes de Lula, como el exministro de centroizquierda Ciro Gomes o
incluso la exministra y ambientalista Marina Silva.
Uno de los clichés más repetidos en los procesos electorales en Brasil
es que, al final, todo se define en las campañas de televisión, donde a los
candidatos se les da un tiempo gratuito para vender sus programas, según los
apoyos que obtengan de partidos políticos. Esto suele cortar las alas a
cualquier candidato alternativo o independiente. Hasta el partido de un
Gobierno impopular como el de Temer vuelve a tener peso porque dispone de
tiempo en la televisión. Pero es posible que esta circunstancia cambie ahora.
Esta será la primera campaña en Brasil en la que los políticos podrán contratar
publicidad en Facebook, un peso
inmenso y todavía difícil de medir.
MÉXICO
México afrontará el 1 de julio
una elección presidencial inmerso en un contexto desgarrador
para el país. Si hace seis años el presidente Enrique Peña Nietoalumbraba un sexenio
esperanzador con una serie de reformas logradas con el consenso de la mayoría
de las fuerzas políticas, la segunda mitad del mandato ha empañado —y en
ocasiones desdibujado— la imagen del país. Los casos de
corrupción golpean continuamente al círculo más próximo de Peña Nieto y cuando
no, azotan al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, la
violencia ha teñido de sangre a México como no lo había hecho nunca antes. A
falta de los datos oficiales de diciembre, todo apunta que 2017 será el año más violento
desde que hay registros.
La batalla para suceder a Peña Nieto ya está en marcha. La campaña
electoral se antoja a cara de perro, más ruda que nunca y con un posible
escenario hasta ahora inédito; que tres candidatos lleguen con opciones de
triunfo hasta el último momento. Todo ello en plena renegociación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) con EE UU y Canadá y con la sombra de Donald Trump
agitando desde el norte.
El líder en todas las encuestas sigue
siendo el dos veces candidato Andrés Manuel López Obrador,
factótum de Morena, un partido que creó a su imagen y semejanza cuando abandonó
el PRD al inicio de este sexenio. Esta será la última vez —según ha insistido— que López Obrador intente lograr la presidencia que
perdió en 2006 por medio punto ante Felipe Calderón. El
líder de Morena sigue transmitiendo una imagen negativa para un amplio espectro
del electorado, que lo considera una amenaza para el país, lo que le impide
terminar de despuntar en los sondeos.
Y si alguien tiene una mala imagen en México hoy en día es el PRI, que
para paliar su desgaste ha optado por tener de candidato a alguien que no
milita en el partido, aunque ha pedido al PRI que lo haga “suyo”: José Antonio Meade.
El que fuera secretario de Hacienda y el único miembro del Gabinete de Peña
Nieto que estuvo en el anterior de Felipe Calderón es la apuesta del partido
tricolor para mantenerse en el poder, del que en casi 90 años de historia solo
ha estado apartado entre 2000 y 2012.
Como la alternativa al considerado partido de la corrupción y a la
amenaza del supuesto populismo se presenta Ricardo Anaya, hasta
hace unas semanas presidente del Partido Acción Nacional (PAN), la tradicional
formación opositora de México, que lidera la candidatura que su partido
cristalizó junto al progresista PRD y Movimiento Ciudadano, una amalgama con
muchas divisiones ideológicas que, no obstante, se pueden consolidar en estos
tiempos donde, ante todo, priman las emociones.
A la espera de ver cuántos candidatos
independientes pueden participar en la batalla final —solo Jaime Rodríguez El
Bronco y Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón parecen tener
garantizado un lugar— la única certeza es que los
retos del próximo presidente de México serán ingentes. Además de taponar la
hemorragia de corrupción y violencia deberá articular, por primera vez en la
historia moderna del país, un sistema de procuración de justicia independiente
que ponga freno a la galopante impunidad.
COLOMBIA
Colombia afronta en mayo de
2018 unas elecciones presidenciales de las que dependerá en
buena medida la consolidación del proceso de paz con las FARCculminado en
noviembre de 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
El mandatario deja el cargo después de dos legislaturas que supusieron el fin
del conflicto armado con la guerrilla más antigua de América y le valieron el Premio Nobel de
la Paz, pero levantaron una dura oposición de buena parte de la
sociedad, alentada por su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe.
Los excombatientes tendrán a partir de este año representación
parlamentaria garantizada —una de las cláusulas de los acuerdos— y su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, aspira a
medirse con los candidatos de los partidos tradicionales. Con este horizonte,
en medio de un clima de elevada polarización social, el país andino se juega su
transición después de más de medio siglo en guerra. Esa transformación
repercutirá en la economía, en la arquitectura institucional, en la lucha
contra el narcotráfico, en la inseguridad que aún pervive en las zonas rurales
y en los principales aspectos de la convivencia. El próximo jefe del Gobierno
será el encargado de pilotar esa etapa.
Después de más de un año de
precampaña, la carrera electoral ha comenzado a definirse en torno a seis
nombres, representantes de las principales familias políticas. Las encuestas
prefiguran un panorama muy fragmentado, con un pulso entre quienes apoyaron y
rechazaron los acuerdos de paz, y la necesidad de formar alianzas, en primera o
segunda vuelta o incluso antes de los comicios legislativos convocados para
mayo. Sergio Fajardo, exalcalde de
Medellín y antiguo gobernador del departamento de Antioquia,
encabeza la mayoría de los sondeos. Defiende la reconciliación del país como
prioridad social y rehúye de las etiquetas ideológicas. No obstante, concurrirá
con la líder del Partido Verde, Claudia López, y el progresista Polo
Democrático, de Jorge Enrique Robledo, bajo las siglas de la Coalición
Colombia.
En el espectro más conservador destacan tres figuras: Germán Vargas
Lleras, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El primero, dirigente de Cambio
Radical, fue vicepresidente de Santos hasta marzo de 2017. Duque es el
aspirante del Centro Democrático, la formación de Uribe, pero tras el acuerdo
alcanzado por este con el también expresidente Andrés Pastrana tendrá que medir
apoyos con Ramírez, del Partido Conservador y exministra.
El exregidor de Bogotá Gustavo Petro, que en un sistema político
tradicional ocuparía un espacio marcadamente de izquierdas, aparece también, de
momento, entre los favoritos. No obstante, su movimiento debería buscar el
apoyo de otros sectores y no descarta tratar de involucrar a Humberto de la
Calle, pero el candidato del Partido Liberal se ha mostrado prudente con
respecto a sus planes. De la Calle fue el jefe del equipo negociador del
Gobierno con las FARC, es abogado y tiene una dilatada carrera política —fue
vicepresidente de Ernesto Samper hace dos décadas—. Su proyecto político
busca rebajar el clima de creciente indignación de los colombianos y
desconfianza en las instituciones con un programa rotundo contra la corrupción.
Venezuela acaba de terminar uno de los años más aciagos de su historia
reciente. El régimen de Nicolás Maduro echó
por tierra los últimos resortes que permitían la existencia de un contrapoder
en la vida pública del país. Desmanteló el Parlamento elegido en diciembre de
2015, de mayoría opositora, y convocó la votación de una Asamblea Nacional Constituyente,
una cámara sin representantes críticos con el chavismo que se ha convertido en
un mero brazo ejecutor del Ejecutivo. La oposición rechazó participar en esos
comicios, celebrados en julio, concurrió a las elecciones regionales —en las
que denunció fraude— y se dividió ante las municipales
del pasado otoño. Hubo cuatro meses de protestas callejeras
ininterrumpidas que dejaron más de 120 muertos. La tendencia hiperinflacionista,
la incompetente gestión de la política monetaria, la represión, la corrupción y
el hundimiento de la petrolera estatal, Pdvsa,
coronan este dramático panorama.
El país debería celebrar
presidenciales este año. Maduro ya manifestó su intención de optar a la reelección.
No obstante, ha amenazado con hacerlo en unas condiciones que allanarían el
camino a su perpetuación en el poder, a la eliminación de la oposición y a la
consolidación del autoritarismo. El sucesor de Hugo Chávez pretende castigar a las
formaciones mayoritarias de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) por boicotear la elección de alcaldes. El mandatario
aprovechó esta circunstancia para intimidar a los partidos de sus principales
adversarios (Voluntad Popular, de Leopoldo López; Primero Justicia, de Henrique
Capriles; y Acción Democrática, de Henri Ramos Allup) y advertirlos de que no
podrán presentar candidatos. Días después, la Asamblea Constituyente dio el
primer paso para la prohibición de esas formaciones, que de momento se traduce
en obstáculos administrativos.
Si Maduro cumple su amenaza, no solo convertiría la celebración de las
elecciones en una farsa, sino que dinamitaría de forma irreversible los últimos intentos de diálogo,
que tras repetidos fracasos se celebran desde hace unos meses en República
Dominicana. Además, contribuiría a incrementar la presión de la
comunidad internacional, sobre todo de EE UU, de los países vecinos y de la
Unión Europea. Las conversaciones con la oposición han estado acompañadas en
2017 de gestos que la MUD considera insuficientes, como las liberaciones de
algunos presos políticos o la concesión del arresto
domiciliario a Leopoldo López.
Sin embargo, la convocatoria de comicios presidenciales constituye la
principal reivindicación desde hace años. Esa cita es vital para la
reactivación de la Mesa, que atraviesa uno de sus peores momentos, marcado por
tensiones internas y divisiones. La semana pasada la coalición admitió en un
comunicado “graves errores y omisiones” y se comprometió a recuperar la unidad
y a elegir un candidato único para las próximas elecciones, que todavía no
tienen fecha.