EGIPTO
Egipto aprueba una ley antiterrorista con tribunales especiales
La norma que prevé una protección especial para policías y militares en el uso de la fuerza
El presidente egipcio, en una graduación militar en El Cairo, en junio de 2014. / REUTERS
El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, sancionó el domingo por la mañana una nueva ley antiterrorista que refuerza los poderes de la policía y los fiscales, crea tribunales especiales y endurece las penas e impone severos límites a la libertad de prensa. La legislación fue redactada por el Ejecutivo a principios de julio, tan solo días después del asesinato del fiscal general y constituye la clave de bóveda de la arquitectura legal de la represión desatada tras el golpe de Estado del verano de 2013 que puso fin al proceso de transición que experimentaba el país.
Uno de los aspectos más criticados de la controvertida ley es la inclusión de un artículo, el número 35, que impone elevadas multas a los periodistas que no se limitan a ofrecer la versión de las autoridades respecto a un atentado. En concreto, las sanciones oscilan entre las 200.000 y las 500.000 libras (entre 25.000 y 60.000 euros), en un país en el que el salario mínimo mensual apenas supera las 1.000 libras. Sin embargo, en una primera versión de la ley, modificada ante la presión del sindicato de periodistas, se establecía una pena de dos años de cárcel.
Más allá del refuerzo de los poderes de policía y fiscales, acusados de múltiples abusos por parte de las organizaciones de derechos humanos, otro de los aspectos que ha suscitado los recelos entre los activistas opositores es la ampliación de la definición de terrorismo. Por ejemplo, se recoge duras penas para aquellos que alteren el funcionamiento de los servicios públicos, por lo que la ley podría llegar a aplicarse contra obreros en huelga.
Con la nueva legislación, el régimen de Al Sisi dobla su apuesta de legitimar su Gobierno en la lucha antiterrorista. Desde el golpe de Estado, Egipto padece el azote de una insurgencia de carácter islamista formada por diversos grupos y que se ha cobrado la vida de centenares de agentes de las fuerzas de seguridad. La milicia más activa es Wilayat Sina (Provincia del Sinaí), un grupo que juró hace meses lealtad al autodenominado Estado Islámico y que tiene como base de operaciones la Península del Sinaí.
La promulgación de la ley llega cuatro días después del segundo aniversario de la masacre de Rabaa al Audawiya, como se conocía el campamento de protesta erigido en El Cairo por parte de los simpatizantes del presidente depuesto, el islamista Mohamed Morsi. En el brutal desalojo de los manifestantes fallecieron centenares de personas. Sin embargo, como ha denunciado la ONG Human Rights Watch, ningún responsable policial ha sido procesado. En el aniversario de la matanza, apenas se registraron protestas por parte del partido de Morsi, los Hermanos Musulmanes, descabezados por la represión y enfrentados a una crisis interna.
