La xenofobia en Europa
Zapatero evita criticar a Francia y carga contra la comisaria europea
Rajoy: "Respeto la decisión de un Gobierno apoyado por una clara mayoría"
MIGUEL GONZÁLEZ (ENVIADO ESPECIAL) - Bruselas - 17/09/2010
José Luis Rodríguez Zapatero no quiere indisponerse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación personal y a quien debe su apoyo incondicional en la lucha contra ETA y una silla en el G-20, aunque ello le obligue a mirar para otro lado ante las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiere indisponerse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación personal y a quien debe su apoyo incondicional en la lucha contra ETA y una silla en el G-20, aunque ello le obligue a mirar para otro lado ante las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana. Ayer, al término de un Consejo Europeo dominado por un asunto que no figuraba en la agenda, Zapatero llamó a "no prejuzgar" el resultado de la investigación abierta por la Comisión Europea para determinar si las deportaciones masivas conculcan el principio de libre circulación de las personas. El mandatario español subrayó que "Francia es un Estado de derecho" y aseguró que el presidente francés había facilitado a sus colegas "información relevante" sobre los trámites legales y el respaldo judicial de las expulsiones.
En cambio, cargó contra la vicepresidenta y comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, cuyas declaraciones evocando las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial tachó de "inapropiadas" y "absolutamente fuera de lugar". Recordó que ya durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año, la misma comisaria hizo unas declaraciones "muy poco afortunadas" a propósito de la euroorden de protección de las víctimas de la violencia de género -calificó la euroorden del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de "chapuza" jurídica- por lo que le recomendó que "contenga en el futuro su fuerza declarativa".
Zapatero se ciñó al acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y Gobierno europeos para no avivar más la polémica. Por una parte, invocó el respeto al derecho de los estados para aplicar sus propias leyes. Por otra, subrayó la competencia de la Comisión para investigar si las decisiones de los Estados vulneran los tratados. Pero puso más énfasis en un aspecto que en otro. "Los comisarios", advirtió, "son los guardianes de los tratados, pero también están sujetos a los tratados".
Tal como lo presentó, no parecía tanto un problema de racismo o populismo, sino un debate de competencias institucionales. Ante el hecho de que una circular interna del Ministerio del Interior francés recomendara a la policía actuar prioritariamente contra los asentamientos de gitanos, respondió que el propio Sarkozy ya ha anulado esta instrucción, que fue "un error" y "no puede ser aprobada por nadie".
Zapatero se remitió al presidente rumano, quien explicó que las repatriaciones se habían hecho con la colaboración de los dos países y que el mismo problema se produjo hace dos años en Italia y podría repetirse en el futuro en cualquier otra parte europea. También España, recordó, ha desmantelado asentamientos ilegales; "una mala práctica" que los estados deben combatir, aunque respetando los derechos de sus moradores. Lo que debe evitarse, agregó, son las generalizaciones que culpabilizan a una etnia. Por no criticar a Sarkozy, Zapatero tampoco quiso hacerlo con el líder del PP, Mariano Rajoy, quien ayer se alineó con la política de inmigración del presidente francés.
Rajoy, que no había dicho nada hasta ahora de la polémica, se colocó del lado de su socio Sarkozy, informa Carlos E. Cué. "Yo respeto la decisión que ha tomado un Gobierno que tiene un apoyo muy mayoritario", dijo Rajoy. De hecho, la política de inmigración del PP, muy criticada por el PSOE y especialmente polémica en la campaña de las elecciones de 2008, cuando Rajoy dijo "aquí no cabemos todos", se inspira en la francesa, especialmente en el contrato de integración que pretenden exigir a todos los inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia, en el que se comprometen a respetar las costumbres españolas, aprender castellano y a trabajar.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
Rajoy: "Respeto la decisión de un Gobierno apoyado por una clara mayoría"
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José Luis Rodríguez Zapatero no quiere indisponerse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación personal y a quien debe su apoyo incondicional en la lucha contra ETA y una silla en el G-20, aunque ello le obligue a mirar para otro lado ante las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiere indisponerse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con quien mantiene una excelente relación personal y a quien debe su apoyo incondicional en la lucha contra ETA y una silla en el G-20, aunque ello le obligue a mirar para otro lado ante las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana. Ayer, al término de un Consejo Europeo dominado por un asunto que no figuraba en la agenda, Zapatero llamó a "no prejuzgar" el resultado de la investigación abierta por la Comisión Europea para determinar si las deportaciones masivas conculcan el principio de libre circulación de las personas. El mandatario español subrayó que "Francia es un Estado de derecho" y aseguró que el presidente francés había facilitado a sus colegas "información relevante" sobre los trámites legales y el respaldo judicial de las expulsiones.
En cambio, cargó contra la vicepresidenta y comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, cuyas declaraciones evocando las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial tachó de "inapropiadas" y "absolutamente fuera de lugar". Recordó que ya durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año, la misma comisaria hizo unas declaraciones "muy poco afortunadas" a propósito de la euroorden de protección de las víctimas de la violencia de género -calificó la euroorden del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de "chapuza" jurídica- por lo que le recomendó que "contenga en el futuro su fuerza declarativa".
Zapatero se ciñó al acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y Gobierno europeos para no avivar más la polémica. Por una parte, invocó el respeto al derecho de los estados para aplicar sus propias leyes. Por otra, subrayó la competencia de la Comisión para investigar si las decisiones de los Estados vulneran los tratados. Pero puso más énfasis en un aspecto que en otro. "Los comisarios", advirtió, "son los guardianes de los tratados, pero también están sujetos a los tratados".
Tal como lo presentó, no parecía tanto un problema de racismo o populismo, sino un debate de competencias institucionales. Ante el hecho de que una circular interna del Ministerio del Interior francés recomendara a la policía actuar prioritariamente contra los asentamientos de gitanos, respondió que el propio Sarkozy ya ha anulado esta instrucción, que fue "un error" y "no puede ser aprobada por nadie".
Zapatero se remitió al presidente rumano, quien explicó que las repatriaciones se habían hecho con la colaboración de los dos países y que el mismo problema se produjo hace dos años en Italia y podría repetirse en el futuro en cualquier otra parte europea. También España, recordó, ha desmantelado asentamientos ilegales; "una mala práctica" que los estados deben combatir, aunque respetando los derechos de sus moradores. Lo que debe evitarse, agregó, son las generalizaciones que culpabilizan a una etnia. Por no criticar a Sarkozy, Zapatero tampoco quiso hacerlo con el líder del PP, Mariano Rajoy, quien ayer se alineó con la política de inmigración del presidente francés.
Rajoy, que no había dicho nada hasta ahora de la polémica, se colocó del lado de su socio Sarkozy, informa Carlos E. Cué. "Yo respeto la decisión que ha tomado un Gobierno que tiene un apoyo muy mayoritario", dijo Rajoy. De hecho, la política de inmigración del PP, muy criticada por el PSOE y especialmente polémica en la campaña de las elecciones de 2008, cuando Rajoy dijo "aquí no cabemos todos", se inspira en la francesa, especialmente en el contrato de integración que pretenden exigir a todos los inmigrantes que quieran obtener un permiso de residencia, en el que se comprometen a respetar las costumbres españolas, aprender castellano y a trabajar.
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