La UE certifica la primera rebaja presupuestaria de su historia
La Eurocámara acepta una caída del 3,5% hasta 2020 a cambio de flexibilidad
La Unión Europea se adentra por primera vez en la senda de los recortes presupuestarios. Varios años después de que los países comunitarios comenzaran a aplicar la dura medicina de la austeridad, las cuentas de la UE para los próximos siete años no han podido escapar a esa tendencia. Han hecho falta, eso sí, nueve meses de intensa negociación para que el Parlamento Europeo dé su visto bueno a lo que en principio le parecía inaceptable: ampliar el espectro de sus políticas con menos recursos para desarrollarlas.
El voto final que este martes emitió la Eurocámara ha permitido desbloquear el marco presupuestario del periodo 2014-2020. Las grandes líneas ya las habían trazado los jefes de Estado y de Gobierno en una tormentosa cumbre de principios de febrero, pero los nuevos poderes que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento Europeo hacían imprescindible su aprobación. "El Parlamento Europeo hubiera preferido un marco financiero mucho más ambicioso", admitió el presidente de esta institución, Martin Schulz, que pese a todo celebró el acuerdo.
Los recursos disponibles hasta el año 2020 suponen un retroceso del 3,5% respecto a los que se han empleado en el periodo anterior, 2007-2013. El descenso ha sido una imposición de los Estados miembros, que llevan años restringiendo sus políticas de gasto y exigían lo mismo en el presupuesto comunitario. La Comisión Europea, partidaria al menos de mantener los fondos, argumentaba lo contrario: en un escenario de austeridad, el dinero de la UE puede dinamizar el crecimiento y el empleo. "Nosotros proponíamos financiar más Europa con el mismo dinero. Ahora nos enfrentamos a la realidad de tener más Europa con menos dinero", lamentó el comisario responsable de Presupuestos, Janusz Lewandowski. Sobre ese marco común (un techo de gasto de 960.000 millones de euros, un 1% del PIB europeo), el Parlamento y el Consejo deberán acordar las cuentas comunitarias para cada ejercicio.
Los entresijos del pacto permiten clamar victoria a todas las partes. Por un lado, los líderes comunitarios exhiben el gesto político de haber frenado el gasto en un periodo en el que a Bruselas se le van a exigir más competencias. Por otro, el Parlamento se agarra a las dos principales condiciones que ha arrancado miembros para dar su brazo a torcer. La primera es una mayor flexibilidad a la hora de asignar los fondos europeos, de forma que si no se gastan en el año previsto, puedan transferirse a las cuentas del siguiente e incluso asignarse a otras partidas. Hasta ahora, el dinero que no se gastaba revertía en los Estados miembros, lo que a la larga ocasionaba una brecha entre el gasto previsto y el gasto real, inferior al primero.
Pese a todo, también las cuentas de 2014-2020 encierran una trampa de ese tipo: los créditos comprometidos son superiores a los autorizados como gasto efectivo (908.000 millones), un desfase que deberá ser gestionado en algún momento pero que por ahora permite a cada parte interpretarlo de la forma más conveniente.
El otro compromiso que ha arañado la Eurocámara a los Estados miembros ha sido una revisión de este marco en 2016. Entonces podrán presentarse cambios en función de la situación económica. Con las cifras de partida actuales, España seguirá recibiendo más fondos de los que aporta, aunque la reconsideración de 2016 puede modificar el escenario.
El descenso presupuestario se concentra en las dos partidas históricamente más poderosas del presupuesto: política de cohesión y agricultura. A cambio, mejoran las ligadas a empleo y la innovación. También disminuyen los recursos destinados a la remuneración de funcionarios, una victoria de algunos Estados miembros, especialmente Reino Unido, que ayer se vio ratificada en el ámbito de la justicia europea. El tribunal de Luxemburgo ha quitado la razón a la Comisión, que había apelado por la negativa de los Estados miembros a subir el salario de los funcionarios europeos un 1,7% en 2011, como establecía la norma de revalorización. El tribunal de considera que corresponde a los países decidir si activan la cláusula extraordinaria que exime de aplicar ese aumento en momentos de crisis.
