Zelaya y Micheletti chocan por visiones sobre acuerdo
Tegucigalpa.- Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis política en Honduras, el presidente depuesto Manuel Zelaya y el gobierno interino de Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que bloqueó por siete días las negociaciones hasta que una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo el viernes, acotó Efe.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.
El destituido gobernante aseguró que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".
El Gobierno interino afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".
Zelaya considera que el Congreso debe emitir su dictamen antes del próximo jueves, la fecha límite según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José para que entre en funciones un gobierno de unidad y reconciliación, que el documento tampoco señala quién lo presidirá.
"Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida con el fin de desestabilizar el proceso electoral" que culminará con los comicios del próximo día 29, dijo la vicecanciller del Gobierno interino, Martha Alvarado.
"Ya desde ese momento" en que ponen plazo al Parlamento para decidir "los del ex presidente Zelaya están poniendo en precario el acuerdo", agregó.
El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró que "el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación", si bien agregó que los diputados "saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional".
"Desde el punto de vista de gran parte de la comunidad internacional, el final de la crisis será cuando se restituya al presidente Zelaya", sostuvo.
El Ejército, que expulsó del país a Zelaya el pasado 28 de junio tras su intento de realizar una consulta para convocar una Asamblea Constituyente considerada ilegal por varios poderes del Estado, ha manifestado su acatamiento a cualquier decisión que asuman las autoridades civiles. "Nosotros no opinamos sobre ese tipo de situaciones. Nosotros sólo acatamos las disposiciones", subrayó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Ramiro Archaga.
Zelaya y Micheletti nombraron a Jorge Reina y Arturo Corrales como sus respectivos representantes en la Comisión de Verificación del acuerdo para solucionar la crisis política de Honduras que se instalará hoy.
Los integrantes internacionales de la Comisión de Verificación serán el ex presidente chileno Ricardo Lagos Escobar y la actual secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que bloqueó por siete días las negociaciones hasta que una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo el viernes, acotó Efe.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder.
El destituido gobernante aseguró que no acepta que se ponga en duda su presidencia, ya que fue electo por el pueblo, y que si el Legislativo vota en contra de su restauración no se ha hecho "absolutamente nada más que burlar a la comunidad internacional y burlar al pueblo hondureño con este acuerdo".
El Gobierno interino afirma que "la restitución del señor Zelaya no es automática" puesto que "se requiere un voto favorable del Congreso" y que el pacto "no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congreso".
Zelaya considera que el Congreso debe emitir su dictamen antes del próximo jueves, la fecha límite según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José para que entre en funciones un gobierno de unidad y reconciliación, que el documento tampoco señala quién lo presidirá.
"Esta mala interpretación que se ha dado a las fechas es una táctica muy conocida con el fin de desestabilizar el proceso electoral" que culminará con los comicios del próximo día 29, dijo la vicecanciller del Gobierno interino, Martha Alvarado.
"Ya desde ese momento" en que ponen plazo al Parlamento para decidir "los del ex presidente Zelaya están poniendo en precario el acuerdo", agregó.
El enviado a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, reiteró que "el Congreso hondureño es soberano para tomar una determinación", si bien agregó que los diputados "saben muy bien lo que piensa la comunidad internacional".
"Desde el punto de vista de gran parte de la comunidad internacional, el final de la crisis será cuando se restituya al presidente Zelaya", sostuvo.
El Ejército, que expulsó del país a Zelaya el pasado 28 de junio tras su intento de realizar una consulta para convocar una Asamblea Constituyente considerada ilegal por varios poderes del Estado, ha manifestado su acatamiento a cualquier decisión que asuman las autoridades civiles. "Nosotros no opinamos sobre ese tipo de situaciones. Nosotros sólo acatamos las disposiciones", subrayó el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Ramiro Archaga.
Zelaya y Micheletti nombraron a Jorge Reina y Arturo Corrales como sus respectivos representantes en la Comisión de Verificación del acuerdo para solucionar la crisis política de Honduras que se instalará hoy.
Los integrantes internacionales de la Comisión de Verificación serán el ex presidente chileno Ricardo Lagos Escobar y la actual secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís.
